En tanto, rechazaron “la criminalización y persecución de la protesta social” al tiempo que exigieron “la inmediata derogación de todo protocolo y sistema represivo creado por el Gobierno nacional”.
“La dignidad de los trabajadores municipales y sus familias no integra ningún componente contable, financiero ni mucho menos resulta negociable. En unidad y con organización, opondremos toda la resistencia necesaria con el compromiso y la historia que nos antecede”, sentenciaron.
Como muestran estos videos (distribuidos por usuarios a través de redes sociales y grupos de Whatsapp), el apresto represivo tiene características asemejables a un “estado de sitio”, que es cuando el Estado cercena las libertades democráticas con el argumento de que hay una conmoción interior u otro tipo de amenaza a la estabilidad institucional. Aunque nada de eso significa la movilización convocada para este miércoles por más de cien organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, originarias y ambientales; el gobierno de La Libertad Avanza intenta instalar un discurso hipercriminalizador y temerario a fin de desalentar la movilización popular.
Entre los primeros efectos del megaoperativo represivo está el ataque a la libertad de transportarse de miles de personas a sus lugares de trabajo o estudio. Cuando en pleno viaje por una avenida la Policía, sin que se esté cometiendo ningún delito, frena un colectivo, sube a su interior, filma a los pasajeros y hasta los hace bajar por ser “sospechosos de menifestarse”, está atacando un derecho humano elemental. Eso es lo que hace Bullrich y sus uniformados.