El fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, solicitó este martes pasar el pedido de amparo de la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei desde ese fuero a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La opinión del fiscal, quien representa los intereses del Estado, es un revés para la central obrera.
El fiscal Domínguez dijo que «debe recordarse que la ley 26854, en la cual ha sido encauzado el pedimento precautorio, contiene expresas y singulares precisiones en torno a los conflictos de competencia; así, por ejemplo, habilita la vía de la inhibitoria aun entre jueces de la misma jurisdicción judicial y pregona la aptitud de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para elucidarlos siempre que intervenga un juez dicho Fuero».
En ese contexto, «pese a las previsiones del art. 24 inciso 7° del decreto 1285/58, toda vez que se encuentra involucrada en el conflicto de competencia la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, rige el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en coherencia con lo sugerido por la Procuración General de la Nación, tiene dicho que “… resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 20, segundo párrafo, primera parte, de la ley 26.854, según el cual “todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal”…” Ek fiscal tiene la representación de la acción pública. Ahora la Cámara del Trabajo deberá decidir si mantiene su opinión.
Por otra parte, el fiscal de instrucción del fuero en lo contencioso administrativo federal, Miguel Gilligan, se opuso a abrir la feria judicial para tratar otro pedido de amparo contra el DNU que desregula la economía en la causa que abrió el ex presidente de Colegio Público de Abogados de la CABA, Jorge Rizzo. En su dictamen, Gilligan dijo que «entiendo que las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria no se hallan debidamente acreditadas en el sub judice, por lo que considero que vuestra excelencia no debería habilitar la feria judicial».
Los dictámenes de los fiscales Dominguez y Gilligan favorece la posición del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien solicitó que todos los amparos sean tratados por el fuero en lo contencioso administrativo federal donde se tramitan los juicios contra el Estado. Mientras, en el fuero laboral tiene influencia el ex diputado K y miembro del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde.
Además, los fiscales se encauzan con la decisión de la Corte de no abrir la feria en enero a la espera de que el Congreso decida si valida el DNU 70/2023, sino tratar recién en febrero un pedido de amparo del gobernador K de La Rioja, Ricardo Quintela. Luego, claro, de que opine el Procurador General de la Nación y jefe de todos los fiscales, Eduardo Casal.
Los amparos son para frenar el DNU mientras se decide sin violan o no la Constitución.
Unas horas antes la cámara del Trabajo había aceptado abrir la feria judicial de enero para tratar el pedido de la CGT de suspender algunos artículos del DNI. La resolución, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del Título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023».
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
La decisión de la Justicia se da en medio de los intentos de negociación del Gobierno con la CGT con la intención de levantar el paro general de 12 horas al que el 28 de diciembre llamó la central de los trabajadores para el próximo 24 de enero. Ese día habrá una movilización al Congreso.
En medio de la tensión entre la administración de Mieli y los gremios, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo este martes que el diálogo con la central obrera «está abierto», pero puso condiciones para negociar.