El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en enero se constituyó casi en el único rubro de las denominadas transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando gastos. Pero de ello el Gobierno solo pagó $12 millones.
De acuerdo con datos de la consultora Politikon Chaco, el gasto devengado para el FONID fue de $46.855 millones. Ese dinero proviene de un impuesto interno especial que se aplica a autos y motos, con asignación específica y por ello entra del universo de las transferencias no automáticas.
El informe distingue el gasto “devengado” es decir, cuando se genera la obligación del pago, del momento en que se cancela la obligación.
Así se plantea que el mes pasado solo se transfirió a los gobernadores menos del 1% del importe para el concepto Educación, que es el que integra el FONID. En términos estadísticos fueron unos 12 millones de pesos para repartir entre más de 1,2 millones de maestros en todo el país (datos del portal Argentinos por la Educación).
Cuando se liquiden los salarios de enero, los gobiernos provinciales deberán compensar ese adicional o los docentes verán en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos. En el caso de la provincia de Buenos Aires representa en 5% del salario de mano aproximadamente.
El importe no es menor, ya que en el caso de un docente de grado de la provincia de Buenos Aires de $312.400 de salario mensual en mano, el importe del DONID es de $16.450.
Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, señaló que “en el promedio histórico el 25% de las transferencias no automáticas devengadas corresponden al FONID, pero este mes (por enero) fueron el 91%, porque desapareció el resto de los gastos”.
Pegoraro consideró que, si el Gobierno se mantiene en la posición de no mandar el dinero para los maestros los gobernadores “por lo menos dos o tres meses van a tratar de pagar con fondos propios”. Eso ya ocurrió en otros momentos y luego se regularizaron los pagos.
Hay que tener en cuenta es que, aunque no sean fondos de transferencia automática, como son los coparticipables que en la medida que se recaudan se mandan a las tesorerías provinciales, la mayor parte de los gastos discrecionales están amparados por leyes y, por lo tanto, el Gobierno central está obligado a enviarlos, tarde o temprano.
“Ya ocurrió otras veces que hubo demora. En enero, en general, no se paga y luego se pone al día en los meses subsiguientes”, explicó Pegoraro. No obstante, en el actual contexto de enfrentamiento político, no es de descartar que algunos de los gastos que no se están formalizando ahora terminen en una disputa legal.