Desde ahora, el nuevo tope pasa de $1.980.000 a $1.077.403 el límite de ingresos a nivel individual y de $3.960.000 a $2.154.806 el tope máximo familiar.
Se trata del Decreto 194/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y de los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello.
Según se detalló en el Boletín Oficial la medida tiene por objeto “implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”.
Lo hizo a través del Decreto 194/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual, entre otros.
La medida -se indica- es de «carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país».
En marzo del año pasado, la anterior administración había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares al igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
En virtud a ello se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el decreto también se explicó que el Estado Nacional tiene, dentro de sus principales compromisos, “la protección de los ciudadanos, garantizándoles las prestaciones de la seguridad social, priorizando en especial la inclusión y la atención de los grupos y personas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, tal como se establece en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”.
“El Sistema de Seguridad Social es una herramienta indispensable para la redistribución de los recursos y sus procesos de modificación resultan una herramienta fundamental para asegurar que la cobertura alcance a la población para la cual se han diseñado las políticas públicas, actualizando las decisiones a la realidad imperante y tomando en consideración la sustentabilidad del régimen”, se informó.