El Concejo Deliberante de San Carlos está tomando medidas drásticas frente a un presunto faltante de $60 millones en los fondos destinados al Festival de los Artesanos 2024. La denuncia recae sobre la intendenta María del Carmen «Kukina» Vargas, quien enfrenta acusaciones por irregularidades en las rendiciones de gastos de dicho evento.
La concejal Griselda Flores, miembro del Concejo, confirmó que se interpondrá una denuncia penal contra la intendenta debido a las inconsistencias encontradas en las rendiciones de gastos. Según Flores, al comparar la planilla presentada por la Municipalidad con la documentación respaldatoria de los pagos, se detectaron irregularidades que incluyen un faltante de $60 millones.
Entre las irregularidades, se hallaron facturas de años anteriores, como 2018, que fueron utilizadas para justificar pagos de este año. Además, varias facturas no presentaban firmas, números de documento ni aclaraciones correspondientes, lo que agrava la situación. Flores explicó que, pese a los reiterados pedidos de informes por parte del Concejo, el Ejecutivo municipal no ha proporcionado la información detallada.
El Concejo Deliberante decidió avanzar con una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos, buscando que se investiguen los posibles ilícitos cometidos durante la organización de la feria artesanal 2024. Además, la concejal expresó que el objetivo de esta acción es proteger la responsabilidad del Concejo, que ya desaprobó la rendición presentada por la intendenta.
Por su parte, la Auditoría General de la Provincia anunció que revisará el caso en 2025, cuando la intendenta entregue las rendiciones junto a la Cuenta General del Ejercicio.
Un aspecto que genera aún más dudas en el Concejo es la posible tercerización del festival, que no fue informado a la localidad. Dentro de las facturas presentadas por la Municipalidad, figurarían pagos al productor Pablo Saman, quien es conocido por organizar festivales de gran envergadura. Sin embargo, la intendenta no ha confirmado ni desmentido si se firmó un contrato con este tercero.
Los concejales sostienen que algunos empleados municipales fueron asignados al evento organizado por Saman, lo que indica que pudo haberse tercerizado, pero sin el debido proceso de información y transparencia hacia los vecinos.
Como respuesta a las dudas y la falta de claridad en la organización del festival, el Concejo Deliberante está evaluando la creación de una comisión fiscalizadora que intervenga en la planificación y ejecución del evento en futuras ediciones. Aunque se extendieron invitaciones a la intendenta para participar en una interpelación, hasta el momento no ha respondido.