El Ejecutivo provincial emitió la Ley N° 8.405, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional para divulgar información sobre impactos ambientales y sociales mineros.
El Ejecutivo solicitó la Ley para acelerar el procedimiento administrativo de presentación de informes de impacto ambiental y social, que ahora pasarán por la Secretaría de Minería y recién irán al Juzgado de Minas para toda actividad minera que se pretenda realizar en el territorio de la provincia.
En virtud del Decreto 119 emitido por el gobernador Gustavo Sáenz y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, es necesario agilizar el proceso de expedición de certificados mineros de los terrenos para reducir al mínimo el trabajo administrativo.
El art. 34 de la Ley N° 7.141 establecía que para obtener el permiso se requerían informes ante el Juzgado de Minas. La modificación requerirá primero la aprobación de la Secretaría de Minería. Se informó en Diputados que la medida tiene tres propósitos: reducir la burocracia en los registros, seguir el ritmo de la actividad minera actual y establecer métodos de control y fiscalización más efectivos. Se dijo que solo se cambia el aspecto administrativo del proceso y se mantiene la calidad y cuidado ambiental.